Mar. May 21st, 2024

Gobierno a Gobierno: Dándole banderas de reivindicación a los grupos radicales

Por Germán Loyaga Aliaga

Periodista especializado en economía

Mientras el Congreso de la República aprobaba la nueva Ley General de Contrataciones Públicas que considera como alternativa de excepción a los Convenios de Gobierno a Gobierno, el ministro de Transportes y Comunicaciones Raúl Pérez Reyes declaraba que las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, así como los trenes de cercanías a Barranca y a Ica, así como el tren de Apurímac a Marcona, y el de Chota a Eten, van a hacerse en el marco de esta clase de contratos. Como si la nueva norma fuese letra muerta e ignorando que cuando se convoquen esos proyectos ya estará en vigor.

La vigésima disposición complementaria final de la nueva Ley ha confirmado que este tipo de modelo sólo se puede utilizar para casos de alta complejidad en los que se requiera asistencia técnica especializada, se entiende –aunque no lo dice– no disponible en el mercado local, y para bienes y servicios estratégicos para la defensa nacional y el orden interno debidamente declarados por los sectores competentes.

Ello, no obstante, es preciso indicar que en el país no hay proyectos de alta complejidad que no puedan ser ejecutados por los ingenieros y las empresas nacionales como lo demuestra toda la infraestructura existente que es obra de profesionales peruanos comprometidos con el desarrollo del Perú, a quienes estas normas condenan a un coloniaje tecnológico representado por otras potencias que disponen, como mejor les parezca, quiénes de sus connacionales diseñan, ejecutan y supervisan las obras que se les confía, tal como lo ha denunciado el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú en su Pronunciamiento público.

El país no necesita asistencia técnica extranjera especializada para dominar su territorio. Los ingenieros peruanos lo conocen perfectamente y saben cómo lidiar con todos sus accidentes y cómo enfrentar los fenómenos naturales que lo azotan. Quizás para atender servicios estratégicos relativos a la defensa nacional y el orden interno pueda requerirse algún tipo de asistencia técnica de la que aquí se carece, aunque eso mismo está en duda. Pero para obras de infraestructura está claro que no se necesita.

Como aparente barrera para nuevos Contratos de Gobierno a Gobierno el Congreso ha dispuesto que esta clase de convenios solo pueden aplicarse para obras con un costo de más de 40 mil UIT lo que es una limitación muy pequeña que no cumple con ningún propósito de evitar la proliferación de esta modalidad de contratación.

Tampoco impide su proliferación el precepto que permite que se ejecuten obras que no tienen expedientes técnicos completos, lo que representa un riesgo muy grande, así como aquella norma que sólo exige haber alcanzado apenas el 40 por ciento de inversión y contar con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público para continuar bajo ese régimen.

El modelo de Contratación de Gobierno a Gobierno le hace mucho daño al país, a sus profesionales y a sus empresas. Al Perú al sojuzgarlo y hacerlo dependiente de otros estados en materia tan sensible como lo es la de la construcción de la infraestructura. A los profesionales, al mantenerlos fuera de las más importantes obras, imposibilitados de acumular mayores experiencias y condenados a no poder sobrevivir con los trabajos realizados en el pasado.

A las empresas porque las margina injustamente, las discrimina en su propio país y perpetra contra ellas un grave atentado de consecuencias tan nefastas como las del terrorismo, al dejarlas sin la posibilidad de incrementar sus experiencias a las que la propia normativa –equivocadamente por cierto– les impone una fecha de expiración de tal suerte que al cabo de diez años ya no pueden ser utilizadas para acreditar los trabajos realizados, con lo que no solo les impide competir sino que virtualmente las expropia y les resta valor en el mercado donde cada compañía vale en función de la experiencia que tiene.

Los Contratos de Gobierno a Gobierno no existen en ningún país del mundo. Se implementaron en el Perú a propósito de los Juegos Panamericanos del 2019 de cuyos resultados, adicionales y sobrecostos queda todavía mucho por aclarar. Pero se aprovechó de esa experiencia que se vendió como exitosa con el objeto de replicar el modelo en forma indiscriminada por todo el país. La reconstrucción del norte se encaró así al igual que los hospitales Antonio Lorena del Cusco y Sergio Bernales de Collique, el viaducto Santa Rosa y la Carretera Central, como si los ingenieros peruanos no pudieran ejecutar todas estas obras.

La tecnología extranjera es siempre bienvenida en el país, pero a condición de que se implemente a través de consorcios conformados en forma proporcional por las empresas foráneas con las nacionales para que la transferencia de conocimientos allí donde pueda producirse se efectúe de manera fluida en ambos sentidos pues los peruanos también tienen para enseñarles lo que conocen de la realidad en la que se desenvuelven y en la que se han desarrollado. Pensar en legados en condiciones distintas es totalmente utópico.

Lo que no es utópico es el peligro que se cierne al darle banderas de reivindicación en defensa de lo nacional a los grupos radicales que pueden explotar esta injusta discriminación en beneficio de sus propias causas, lo que sería imperdonable. Van a aducir que el país está gobernado por el capitalismo internacional y sirviendo a sus intereses, ofreciéndose ellos como salvadores de los trabajadores y profesionales peruanos.

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