La suspensión inmediata de treinta proyectos inmobiliarios en Hong Kong corresponde a la medida adoptada tras detectar insumos irregulares en las obras que dirigía Prestige Construction & Engineering Company Limited. Esta acción forma parte de un proceso de fiscalización que, según reportó el Gobierno de Hong Kong a través de su portal oficial, busca reforzar la seguridad y la transparencia en la industria de la construcción después del incendio que afectó los apartamentos Wang Fuk. De acuerdo con la información institucional, la tragedia provocó el fallecimiento de 128 personas y dejó a cerca de doscientas como desaparecidas.
El medio oficial del Gobierno de Hong Kong detalló que la investigación sobre el incendio condujo a la detención bajo fianza de dos directores y un consultor de Prestige Construction & Engineering, actualmente sometidos a procesos judiciales por cargos de homicidio involuntario. Las autoridades vincularon la causa principal del siniestro a la utilización de materiales que no contaban con la certificación requerida para usos constructivos, lo que desencadenó una revisión exhaustiva y una actualización de las normativas locales.
La administración regional anunció que ningún proyecto actualmente bajo suspensión podrá reanudar actividades sin acreditar el cumplimiento integral de los nuevos estándares de seguridad. El proceso incluye la obligatoriedad de auditorías externas e independientes, orientadas a examinar tanto los procedimientos técnicos de las obras como los sistemas de gestión de riesgos y emergencia. Según lo publicado por la fuente institucional, los exámenes deben incluir una revisión detallada de las rutas de evacuación, el contenido de las capacitaciones recibidas por el personal y la aplicación real de los protocolos de prevención en la operación cotidiana.
Las compañías constructoras, según consignó el Gobierno de Hong Kong, deberán presentar informes periódicos donde se informe sobre el origen, tipo y certificación de todos los materiales empleados, junto con evidencias documentales de los entrenamientos impartidos en materia de seguridad laboral. Toda esta información quedará sujeta a inspecciones inmediatas y auditorías aleatorias dispuestas por los órganos de control competentes. Además, la normativa estipula que los registros de inventario, así como los programas formativos para empleados y futuros residentes, deben estar disponibles para consulta en cualquier momento, facilitando la trazabilidad completa de los insumos y la verificación de la capacitación.
El Gobierno estableció que la policía local y la Comisión Independiente contra la Corrupción mantienen abierta una investigación para determinar posibles delitos o conductas irregulares asociadas con la supervisión y la gestión de materiales en los proyectos detenidos. Dichas indagaciones se centran en identificar prácticas de corrupción o negligencia que hayan permitido el uso de insumos no certificados, así como en aclarar eventuales fallos en la supervisión de los sistemas automáticos de detección y respuesta a incendios.
La administración local dictó nuevas obligaciones que incluyen la presentación de reportes trimestrales, detallando tanto los insumos incorporados en las distintas fases constructivas como las acciones de capacitación en seguridad ejecutadas para el personal. Estas medidas buscan establecer un mecanismo de vigilancia continua que permita rastrear cada lote de materiales desde su origen hasta su utilización, lo que, en conjunto con la documentación exigida sobre entrenamientos en seguridad, pretende fortalecer la prevención y la transparencia en el sector.
Tal como indicó el portal institucional, ninguna reactivación de obra se autorizará sin evidencia formal del cumplimiento de los estándares actualizados. Las empresas deberán demostrar que cualquier avance, cambio en los procedimientos o aplicación de nuevas tecnologías dispone de la certificación correspondiente antes de incorporarlo a proyectos en curso. Todos estos requerimientos aplican no solo a los inmuebles actualmente interrumpidos, sino al conjunto de operaciones del sector, en función de consolidar una política de control riguroso sobre la preparación y la ejecución de los desarrollos inmobiliarios.
El Gobierno reiteró que se reserva la facultad de detener en cualquier fase las actividades en proyectos donde surjan nuevos riesgos potenciales para la vida de los trabajadores o la seguridad de los residentes. Dicha potestad se ejerce bajo el marco de las normativas reforzadas, que establecen como requisito indispensable la verificación previa de los sistemas de inspección y la estricta documentación de las etapas de construcción.
El incidente de Wang Fuk, presentado como punto de quiebre para el desarrollo de nuevas políticas de prevención, sirvió para redefinir los parámetros regulatorios exigidos a la industria, incluyendo controles de calidad sistemáticos sobre materiales y la documentación detallada de cada proceso ejecutado durante las obras. La estructura normativa actual obliga a las constructoras a mantener accesible toda la información relevante para su evaluación e inspección al instante, impulsando una cultura de transparencia y responsabilidad en el sector, tal como recalcó en su canal informativo la administración territorial.
Las acciones determinadas por el Gobierno se orientan a garantizar la protección del público y asegurar condiciones laborales adecuadas, extendiendo el alcance de la supervisión a los aspectos técnicos, de gestión y control permanente de las edificaciones. Las transformaciones introducidas, tras el incendio en Wang Fuk, buscan evitar que se repitan eventos similares y establecer un modelo de vigilancia permanente que permita prevenir incidentes graves en el futuro.
