El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), y el Ministerio del Ambiente (MINAM) actualizaron la normativa ambiental aplicable a los proyectos de habilitación urbana residencial, con el objetivo de fortalecer la protección del ambiente y promover un desarrollo urbano más sostenible, seguro y resiliente.

Mediante la Resolución Ministerial N.° D000223-2026-MINAM, se modificó el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para el Sector Vivienda. La actualización establece criterios técnicos más precisos para determinar qué habilitaciones urbanas requieren certificación ambiental y permite una evaluación más clara y eficiente.

Entre las principales modificaciones se incorporan criterios vinculados con la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el vertimiento o reúso de aguas tratadas, la captación de agua superficial para abastecimiento poblacional y el desarrollo de habilitaciones urbanas en laderas, zonas inundables y terrenos con condiciones geotécnicas o ambientales especiales.

Asimismo, la nueva norma promueve un uso más responsable de los recursos hídricos al incorporar criterios relacionados con el tratamiento y reúso de aguas residuales tratadas en determinados proyectos. Esta medida favorece el aprovechamiento eficiente del agua y contribuye a impulsar soluciones alineadas con los principios de sostenibilidad y economía circular.

La modificación también establece umbrales y condiciones técnicas objetivas que brindan mayor predictibilidad a los administrados sobre los proyectos que deben ingresar al SEIA. Con ello, se busca optimizar los procesos de evaluación ambiental, fortalecer la transparencia y facilitar una gestión más eficiente y oportuna de las inversiones vinculadas al desarrollo urbano.

De esta manera, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso con una gestión ambiental preventiva que permita avanzar en el cierre de brechas habitacionales sin poner en riesgo el ambiente ni la seguridad de la población. La actualización normativa contribuye a promover proyectos de vivienda y habilitación urbana que respondan a las necesidades de las familias y al desarrollo sostenible de las ciudades.